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La Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de amparo presentado por la Defens…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría Penal Pública contra una orden de detención dictada por el Juzgado de Garantía de Coelemu. La imputada fue citada personalmente a una audiencia de juicio oral simplificado, pero no se le advirtió sobre las consecuencias de su inasistencia, como exige el artículo 33 del Código Procesal Penal. Al no comparecer, se decretó su detención. La Corte consideró ilegal la orden por falta de apercibimiento previo, dejándola sin efecto y acogiendo el amparo sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 21 Constitución Política de la República
  • Artículo 33 Código Procesal Penal
  • Artículo 5 Código Procesal Penal
  • Artículo 127 Código Procesal Penal
  • Artículo 396 Código Procesal Penal
  • Artículos 446 N°3 Código Penal
  • Artículo 494 bis Código Penal
  • Artículos 1, 2 y 3 Decreto Ley 321 de 1925
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Preguntas frecuentes

¿Puede decretarse la detención de un imputado que no asistió a una audiencia si no se le advirtió de las consecuencias de su inasistencia?

No, según esta sentencia. La Corte de Apelaciones de Chillán acogió un amparo y dejó sin efecto una orden de detención porque la imputada no fue advertida previamente de las consecuencias de no comparecer, como exige el artículo 33 del Código Procesal Penal.

¿Qué exige el artículo 33 del Código Procesal Penal antes de ordenar la detención por inasistencia a una audiencia?

En este caso, la Corte sostuvo que el artículo 33 del Código Procesal Penal exige que el imputado sea apercibido sobre las consecuencias de su inasistencia antes de que se ordene su detención. La citación personal sin ese apercibimiento no fue suficiente para considerar válida la orden.

¿Procede el recurso de amparo contra una orden de detención dictada por inasistencia a una audiencia de juicio oral simplificado?

Sí, en este caso. La Corte de Apelaciones de Chillán acogió el amparo presentado por la Defensoría Penal Pública, consideró ilegal la orden por falta de apercibimiento previo y la dejó sin efecto, sin condena en costas.

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