El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, que regula la sustitución de penas en delitos de conducción en estado de ebriedad. El requirente sostenía que la norma vulneraba derechos fundamentales, pero el Tribunal declaró que es razonable y proporcional, pues la conducción diaria puede generar daños a terceros y justifica un tratamiento penal más riguroso. Se consideró que la hoja de vida del conductor y sus antecedentes penales son relevantes para evaluar su patrón de conducta, especialmente en trabajos que implican conducir a jornada completa. En consecuencia, se acogió parcialmente la solicitud al declarar constitucional la norma impugnada.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional la norma que regula la sustitución de penas por delitos de conducción en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y declaró constitucional el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, por considerarlo razonable y proporcional. Estimó que la conducción habitual puede causar daños a terceros y justifica un tratamiento penal más riguroso.
¿Pueden los antecedentes penales y la hoja de vida del conductor influir en la sustitución de una pena por conducción en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la hoja de vida del conductor y sus antecedentes penales son relevantes para evaluar su patrón de conducta. Esto cobra especial importancia en trabajos que implican conducir a jornada completa.
¿Procede un requerimiento de inconstitucionalidad contra una norma que endurece el tratamiento penal de la conducción en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional examinó el requerimiento, que alegaba la vulneración de derechos fundamentales, y lo rechazó al concluir que la norma no los vulnera. Por ello, se acogió parcialmente la solicitud y se declaró constitucional el precepto impugnado.
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