Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a la resolución 1741/B, de 2010, de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Menores, que puso término a un sumario administrativo y aplicó una multa de 15% de la remuneración mensual a un ex funcionario de esa repartición. El organismo constató que, durante la tramitación, el servidor pasó sin solución de continuidad a desempeñarse en la Tesorería General de la República, por lo que la dirección regional carecía de facultades para dictar el acto terminal. Aunque la sanción fue determinada válidamente por la jefatura regional mediante una resolución de 2009, el acto que la materializa debe emanar de la autoridad superior de la institución donde el funcionario presta actualmente servicios, la que no puede modificar lo ya resuelto. Por ello, el expediente debe remitirse a esa autoridad superior.