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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acogió la demanda de una trabajadora española d…

Sentencia · 2025

Resumen

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acogió la demanda de una trabajadora española despedida tras ganar un juicio por discriminación salarial por sexo. La Corte determinó que los tribunales domésticos no brindaron protección adecuada contra la represalia del empleador, pues no consideraron el contexto de discriminación persistente, el propósito limitado de la divulgación de información de nómina realizada por la demandante como jefa de finanzas, ni la severidad de la medida disciplinaria como indicio de motivo represivo. Se concluyó que España incumplió sus obligaciones positivas de garantizar protección efectiva contra la discriminación laboral. El fallo declaró la violación del artículo 14 en relación con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y ordenó al Estado pagar 12.000 euros por daño moral, desestimando la indemnización por daño patrimonial por falta de nexo causal.

Normas citadas

  • Artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos
  • Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos
  • Artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos
  • Artículo 44 § 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos
  • Artículos 510 y 511 de la Ley de Procedimiento Civil (España)
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Preguntas frecuentes

¿Puede un trabajador ser despedido por denunciar o divulgar información salarial que revela discriminación por sexo?

En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que los tribunales nacionales no protegieron adecuadamente a la trabajadora frente a la represalia del empleador, al no considerar el contexto de discriminación persistente ni el propósito limitado de la divulgación de la información salarial.

¿Cuándo una medida disciplinaria puede ser considerada un indicio de represalia por una denuncia de discriminación salarial?

El Tribunal sostuvo que la severidad de la medida disciplinaria aplicada a la trabajadora debía considerarse como indicio de un motivo represivo, lo que los tribunales domésticos no hicieron adecuadamente.

¿Qué obligaciones tiene el Estado para garantizar protección efectiva contra la discriminación laboral según el Convenio Europeo de Derechos Humanos?

En este caso, la Corte concluyó que España incumplió sus obligaciones positivas de garantizar protección efectiva contra la discriminación laboral, declarando la violación del artículo 14 en relación con el artículo 8 del Convenio y ordenando el pago de 12.000 euros por daño moral.

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