La Municipalidad de Chiguayante presentó un requerimiento de inaplicabilidad por incons…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
La Municipalidad de Chiguayante presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 472 del Código del Trabajo, que declara inapelables las resoluciones en procedimientos de cobranza laboral. El conflicto surgió de una liquidación de deuda tras un despido injustificado, donde la Municipalidad alegó que la restricción al recurso de apelación vulneraba su derecho a defensa. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento, considerando que la norma responde a una política legislativa válida para agilizar los cobros laborales y no afecta el debido proceso, al existir otras vías de control jurisdiccional. La decisión contó con una disidencia que estimaba que la restricción era contraria a la Constitución.
Normas citadas
Artículo 472 del Código del Trabajo
Artículo 470 del Código del Trabajo
Ley N° 21.040 (Sistema de Educación Pública)
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Preguntas frecuentes
¿Es inapelable la resolución que aprueba una liquidación de deuda en un procedimiento de cobranza laboral en Chile?
Según el resumen, el artículo 472 del Código del Trabajo declara inapelables estas resoluciones. En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, considerando que la norma responde a una política legislativa válida para agilizar los cobros laborales.
¿La prohibición de apelar en cobranza laboral vulnera el derecho a defensa y el debido proceso?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la restricción no afecta el debido proceso, porque existen otras vías de control jurisdiccional. Hubo una disidencia que sostuvo que la restricción sí era contraria a la Constitución.
¿Puede una municipalidad pedir la inaplicabilidad de una norma del Código del Trabajo por inconstitucionalidad?
En este caso, la Municipalidad de Chiguayante presentó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 472 del Código del Trabajo, alegando que vulneraba su derecho a defensa. El Tribunal Constitucional lo rechazó.
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