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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de una recurrente relativ…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de una recurrente relativa a la reapertura de un sumario administrativo seguido contra un exfuncionario de la Universidad de Chile, quien fue destituido. Se argumentó que, una vez prescrita la acción disciplinaria, no procede ordenar la reapertura del sumario, pues la autoridad no podría modificar la sanción aplicada, ya sea para confirmarla, aminorarla o dejarla sin efecto. Además, se señaló que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal, por lo que la falta de denuncia ante la justicia ordinaria no impide la sanción, aunque se advirtió la obligación de denunciar hechos con caracteres de delito. Finalmente, se indicó que el plazo de cinco años para acceder a un nuevo cargo público ya no constituye un impedimento para el afectado.

Normas citadas

  • ley 18834 art/61 lt/k
  • Cpr art/175 lt/b
  • ley 18834 art/12 lt/e
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Procede reabrir un sumario administrativo contra un funcionario si la acción disciplinaria ya prescribió?

En este caso, la Contraloría sostuvo que, una vez prescrita la acción disciplinaria, no procede ordenar la reapertura del sumario, porque la autoridad no podría modificar la sanción aplicada, ya sea para confirmarla, aminorarla o dejarla sin efecto.

¿La responsabilidad administrativa de un funcionario depende de que se denuncie el hecho ante la justicia penal?

En este caso, la Contraloría señaló que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal, por lo que la falta de denuncia ante la justicia ordinaria no impide la sanción. Advirtió, eso sí, la obligación de denunciar hechos con caracteres de delito.

¿Sigue vigente la inhabilidad de cinco años para volver a ejercer un cargo público tras una destitución?

En este caso, la Contraloría indicó que el plazo de cinco años para acceder a un nuevo cargo público ya no constituye un impedimento para el afectado.

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