El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo al derecho de acceso a l…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo al derecho de acceso a la información presentado contra un ministerio. El requirente no había formulado una solicitud de información pública en los términos que exige la Ley de Transparencia, sino que ofrecía sus servicios como investigador científico al órgano recurrido. El Consejo razonó que esa petición no dice relación con el derecho de acceso a la información, sino con el derecho de petición consagrado en la Constitución, por lo que no correspondía pronunciarse en esa sede. Al no haberse ejercido el derecho de acceso conforme a la ley, concluyó que no podía acogerse el amparo y lo declaró inadmisible, ordenando notificar a las partes. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no el recurso de reposición administrativo.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadEducación
Preguntas frecuentes
¿Se puede presentar un amparo al Consejo para la Transparencia si nunca hice una solicitud de información pública?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo porque el requirente no había formulado una solicitud de información pública conforme a la Ley de Transparencia, sino que ofrecía sus servicios como investigador científico.
¿Qué diferencia hay entre el derecho de acceso a la información y el derecho de petición ante un organismo público?
En este caso, el Consejo razonó que ofrecer servicios profesionales a un ministerio no dice relación con el derecho de acceso a la información, sino con el derecho de petición consagrado en la Constitución, por lo que no correspondía pronunciarse en esa sede.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no el recurso de reposición administrativo.
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