El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo por denegación de acceso…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2012
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo por denegación de acceso a la información presentado por una confederación de trabajadores de la educación contra el Ministerio de Educación. El Consejo concluyó que la presentación del requirente no constituyó una solicitud de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición, por lo que no era competente para pronunciarse sobre ella. En consecuencia, declaró inadmisible el amparo y encomendó notificar la decisión a las partes, precisando que el requirente podrá en el futuro formular una solicitud de acceso en los términos de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadEducación
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si presento un amparo al Consejo para la Transparencia por una solicitud que en realidad era un derecho de petición?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la presentación no constituyó una solicitud de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición, y no era competente para pronunciarse.
¿Cuándo una presentación ante un organismo público se considera solicitud de acceso a la información y no derecho de petición?
En este caso, el Consejo concluyó que la presentación no constituyó una solicitud de acceso a la información pública conforme a la Ley de Transparencia, sino el ejercicio del derecho de petición, por lo que no era competente para pronunciarse sobre ella.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un amparo?
En este caso, el Consejo precisó que contra la resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y no el recurso de reposición.
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