Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió acoger el requerimiento de inaplicabilidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en su aplicación al caso concreto. La mayoría estimó que la exclusión del beneficio de penas sustitutivas para el delito de porte ilegal de municiones, tipificado en el artículo 9° de la Ley N° 17.798, vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y racionalidad y justicia de los procedimientos, consagrados en los artículos 19, N° 3°, inciso sexto, y 19, N° 2°, inciso segundo, de la Constitución. Se consideró que la pena abstracta asignada al delito (541 días a 3 años de presidio) es significativamente menor que la de otros ilícitos excluidos, cuyo umbral mínimo promedio es de 7,24 años y máximo de 15,69 años, lo que refleja una desproporción manifiesta. El fallo destacó que el quantum de la pena es el criterio más objetivo para evaluar la gravedad del delito y que la exclusión debe guardar coherencia con el patrón general de proporcionalidad de la Ley N° 18.216, contrariando los fines de resocialización y reinserción social de la pena. Se precisó que el legislador tiene un margen de discrecionalidad, pero limitado por dichos principios.