El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley de Tránsito, presentado en el marco de un proceso penal. El tribunal consideró que la aplicación de dicha norma en la gestión pendiente vulneraba la garantía constitucional de un justo y racional procedimiento. Se señaló que, si bien la protección de la vida e integridad física es una finalidad legítima, no autoriza la afectación de derechos fundamentales. Además, se aclaró que la inaplicabilidad no implica impunidad, pues el condenado igualmente recibe una sanción penal efectiva, como una pena sustitutiva. En consecuencia, se declaró que el precepto no será aplicado en el caso concreto.
Normas citadas
artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley Nº 18.290
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la norma que sanciona con la suspensión de la licencia de conducir por manejar en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad del artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la Ley de Tránsito, porque su aplicación en la gestión pendiente vulneraba el derecho a un justo y racional procedimiento. Declaró que el precepto no será aplicado en el caso concreto.
¿La inaplicabilidad de una norma de la Ley de Tránsito significa que el conductor queda sin sanción penal?
No. El tribunal aclaró que la inaplicabilidad no implica impunidad, pues el condenado igualmente recibe una sanción penal efectiva, como una pena sustitutiva.
¿La protección de la vida e integridad física permite afectar derechos fundamentales al sancionar infracciones de tránsito?
Según este fallo, la protección de la vida e integridad física es una finalidad legítima, pero no autoriza la afectación de derechos fundamentales. Por ello, el tribunal consideró que la aplicación del precepto en este caso vulneraba el justo y racional procedimiento.
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