Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter, inciso primero, de la Ley de Tránsito, que suspende por un año la ejecución de penas sustitutivas en delitos de tránsito con resultado de muerte. El requirente alegaba que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y el debido proceso, y el tribunal analizó si la suspensión automática de la pena sustitutiva afectaba el principio de proporcionalidad penal. La sentencia rechazó el requerimiento, concluyendo que la norma no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, y sostuvo que la proporcionalidad penal, aunque no esté expresamente consagrada, forma parte del canon de igualdad y razonabilidad, y que el legislador, pese a su amplia discrecionalidad político-criminal, no puede introducir diferencias arbitrarias. El fallo agregó que la limitación de la libertad debe ser razonablemente fundada y coordinada con los demás derechos, y que la privación de libertad constituye el límite más severo a la libertad. La sentencia fue redactada por el ministro señor R.M.M., con la disidencia de la presidenta, ministra señora D.M.M..