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La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del of…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración del oficio N° 320, de 2017, de la Contraloría Regional de Los Lagos, que se refería al reconocimiento de la asignación de perfeccionamiento para un profesional de la educación. El dictamen ratificó que el derecho a percibir dicho beneficio nace desde la emisión del acto formal (decreto alcaldicio) que lo reconoce, y no desde la fecha de la solicitud o presentación de antecedentes. Se concluyó que, conforme al artículo 510 del Código del Trabajo y la jurisprudencia administrativa, la exigibilidad del beneficio se produce con el acto administrativo respectivo, por lo que el oficio impugnado se ajustaba a derecho. Al no aportarse nuevos antecedentes, se rechazó el requerimiento.

Normas citadas

  • Ctr art/510 inc/1
  • ley 19070 art/71
  • Cci art/2523
  • Cci art/2524
  • Ctr art/510 inc/5
  • ley 19070 art/49
  • dto 214/2001 Educa art/9
  • dto 453/91 Educa art/115
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo nace el derecho a percibir la asignación de perfeccionamiento de un profesional de la educación?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el derecho nace desde la emisión del acto formal, esto es, el decreto alcaldicio que reconoce el beneficio, y no desde la fecha en que se presentaron los antecedentes o la solicitud.

¿La exigibilidad de la asignación de perfeccionamiento docente depende de la fecha de la solicitud del profesional?

No, según este dictamen. La Contraloría concluyó que, conforme al artículo 510 del Código del Trabajo y su jurisprudencia, la exigibilidad se produce con el acto administrativo respectivo, por lo que el beneficio no se causa por el solo hecho de solicitarlo.

¿Procede reconsiderar un oficio de Contraloría Regional sin nuevos antecedentes sobre asignación de perfeccionamiento?

En este caso, la Contraloría General desestimó la solicitud de reconsideración del oficio impugnado, porque se ajustaba a derecho y no se aportaron nuevos antecedentes que justificaran modificarlo.

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