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La Contraloría General de la República, atendiendo un oficio de la Cámara de Diputados,…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República, atendiendo un oficio de la Cámara de Diputados, se pronuncia sobre la aplicación de normas del Código del Trabajo en la Municipalidad de Recoleta. Señala que dichas disposiciones son imperativas y de derecho público. Respecto al contrato de trabajo, indica que debe constar por escrito y ser firmado por ambas partes, formalidad que no se cumplió en el municipio. En cuanto a las horas extraordinarias, establece que deben pactarse por escrito para atender necesidades temporales, y que, a falta de pacto, igualmente se consideran extras si se trabajan con conocimiento del empleador. La Contraloría concluye que la municipalidad debe ajustar su actuación a lo resuelto e informar documentadamente en un plazo de 60 días hábiles, advirtiendo que el uso racional de los recursos será objeto de futuras fiscalizaciones.

Normas citadas

  • CTR art/22 inc/1
  • CTR art/28 inc/1
  • CTR art/28 inc/2
  • CTR art/9
  • CTR art/11
  • CTR art/30
  • CTR art/32
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿El contrato de trabajo con una municipalidad debe constar por escrito y estar firmado por ambas partes?

En este caso, la Contraloría General de la República señaló que el contrato de trabajo debe constar por escrito y ser firmado por ambas partes, formalidad que no se cumplió en la Municipalidad de Recoleta.

¿Las horas extraordinarias en el sector público deben pactarse por escrito?

En este caso, la Contraloría sostuvo que las horas extraordinarias deben pactarse por escrito para atender necesidades temporales. Aun sin pacto, se consideran extras si se trabajan con conocimiento del empleador.

¿Qué debe hacer una municipalidad tras un pronunciamiento de la Contraloría sobre normas laborales?

En este caso, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Recoleta ajustar su actuación a lo resuelto e informar documentadamente en un plazo de 60 días hábiles, advirtiendo que el uso de los recursos será objeto de futuras fiscalizaciones.

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