La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el reclamo de la Junta Nacional de Jardin…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el reclamo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles contra la Superintendencia de Educación, confirmando la multa de 5 UTM aplicada por no ajustar un protocolo de actuación frente a agresiones sexuales en un jardín infantil a la normativa vigente. El tribunal consideró que la sanción, impuesta conforme al artículo 73 letra b) de la Ley 20.529, era legal y proporcional, al encontrarse dentro de los límites de las infracciones leves y haber sido rebajada tras un recurso de reposición. Se resolvió sin costas por estimar que la recurrente tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Ley N° 20.529
Resolución Exenta N° 2023
Artículo 85 de la Ley N° 20.529
Artículo 73 de la Ley N° 20.529
Artículo 78 de la Ley N° 20.529
Resolución Exenta N° 000987
reclamación artículo 85 Ley 20.529protocolo de actuación agresiones sexualeseducación parvulariasanción administrativaproporcionalidad de la multainfracción leveSuperintendencia de EducaciónJUNJI
Preguntas frecuentes
¿Puede la Superintendencia de Educación sancionar a un jardín infantil por no ajustar su protocolo frente a agresiones sexuales a la normativa vigente?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó que sí. Rechazó el reclamo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y mantuvo la multa de 5 UTM, por considerarla legal y proporcional conforme al artículo 73 letra b) de la Ley 20.529.
¿Es proporcional una multa de 5 UTM por una infracción de un jardín infantil según la Ley 20.529?
En este caso, el tribunal estimó que la multa era proporcional por encontrarse dentro de los límites de las infracciones leves. Además, la sanción había sido rebajada tras un recurso de reposición.
¿Se condena en costas a una institución que pierde un reclamo contra una sanción de la Superintendencia de Educación?
En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel no condenó en costas a la recurrente. Estimó que tuvo motivo plausible para litigar, por lo que cada parte soportó sus propios gastos.
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