Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de una patente de alcoholes, reconsiderando parcialmente un oficio regional. El dictamen analizó si la patente, otorgada originalmente en 2008 para un restaurante de turismo, se ajustaba al plan regulador comunal vigente. Se constató que al momento de su otorgamiento, la actividad estaba permitida por la normativa urbanística de la época. Posteriormente, el plan regulador fue modificado en 2009, restringiendo ciertos usos de suelo, pero la patente ya había sido cedida y arrendada. Aplicando el criterio de que las patentes otorgadas antes de cambios normativos se mantienen amparadas, la Contraloría concluyó que la patente se encuentra ajustada a derecho y procede su renovación, siempre que se cumplan los requisitos de funcionamiento.