Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una profesional de la educación para acceder a la titularidad docente conforme a la ley N° 20.804, que renovó la vigencia de la ley N° 19.648. El dictamen precisó los requisitos legales: ser profesional de la educación, ejercer en enseñanza parvularia, básica o media, estar contratado como docente de aula al 31 de julio de 2014, haber prestado servicios para un mismo municipio y acumular al menos tres años continuos o cuatro discontinuos de desempeño. Además, se exigía estar incorporado a la dotación docente en calidad de contratado al 31 de enero de 2015, fecha de publicación de la ley. En el caso analizado, la interesada solo se desempeñó como reemplazante durante 2014, sin contratación posterior, por lo que no cumplía dicho requisito. En consecuencia, se resolvió que carece del derecho a acceder a la titularidad, declarándose inoficioso pronunciarse sobre el efecto de la jubilación en el beneficio.