La Dirección del Trabajo dictaminó que el contrato de trabajo suscrito entre una trabaj…
Dictamen · Dirección del Trabajo · 1998
Resumen
La Dirección del Trabajo dictaminó que el contrato de trabajo suscrito entre una trabajadora y una empresa no contraviene normas laborales que afecten su validez, por lo que debe considerarse ajustado a derecho. El dictamen aborda la aplicación del artículo 195 del Código del Trabajo, que prohíbe el trabajo de mujeres embarazadas y puérperas durante el período de descanso, señalando que dicha disposición no impide la celebración del contrato, sino la prestación efectiva de servicios, y que opera dentro de una relación laboral ya constituida. Además, se indica que la trabajadora no se encontraba en período de descanso al momento de suscribir el contrato. Finalmente, se precisa que la calificación de validez o nulidad del contrato corresponde a los Tribunales de Justicia, y que la verificación de la efectividad de los servicios es una situación de hecho que escapa a la competencia del Servicio.
Normas citadas
Código del Trabajo
Código Civil
Artículo 7º del Código del Trabajo
Artículo 1466 del Código Civil
Artículo 195 del Código del Trabajo
Preguntas frecuentes
¿El artículo 195 del Código del Trabajo impide celebrar un contrato de trabajo con una mujer embarazada o puérpera?
No. En este caso, la Dirección del Trabajo sostuvo que el artículo 195 prohíbe la prestación efectiva de servicios durante el período de descanso, pero no impide celebrar el contrato, que opera dentro de una relación laboral ya constituida.
¿Es nulo un contrato de trabajo suscrito por una trabajadora embarazada o puérpera?
En este caso, la Dirección del Trabajo concluyó que el contrato no contraviene normas laborales que afecten su validez y debe considerarse ajustado a derecho, porque la trabajadora no se encontraba en período de descanso al suscribirlo.
¿Quién decide si un contrato de trabajo es válido o nulo en Chile?
En este caso, la Dirección del Trabajo precisó que la calificación de validez o nulidad del contrato corresponde a los Tribunales de Justicia, y que verificar la efectividad de los servicios es una cuestión de hecho que escapa a su competencia.
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