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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Isla de Maipo, ordenando la entrega de copias de facturas pendientes de pago a proveedores de servicios, artistas, productoras y otros que hayan prestado servicios al municipio en un período determinado. Se consideró que dicha información es de naturaleza pública, conforme al artículo 8° inciso segundo de la Constitución y los artículos 5° inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, y que la municipalidad no logró acreditar la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 1 letra b) de la misma ley. La resolución apercibe con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo, y ordena acreditar la entrega efectiva de la información ante el Consejo.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Son públicas las facturas pendientes de pago que un municipio tiene con sus proveedores de servicios?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo y sostuvo que esta información es de naturaleza pública, conforme al artículo 8° inciso segundo de la Constitución y a la Ley de Transparencia. Por eso ordenó su entrega.

¿Puede un municipio negarse a entregar facturas de proveedores invocando la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo concluyó que la Municipalidad de Isla de Maipo no logró acreditar la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) invocada para negar la entrega. Por ello, rechazó esa negativa y ordenó la entrega de la información.

¿Qué consecuencias tiene para un funcionario municipal no cumplir una orden del Consejo para la Transparencia de entregar información?

En este caso, el Consejo apercibió a la municipalidad con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia en caso de incumplimiento, incluyendo multas y suspensión del cargo. También ordenó acreditar ante el Consejo la entrega efectiva de la información.

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