El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por presunta infracción…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Chiguayante. Al analizar la admisibilidad del reclamo, el Consejo advirtió que no existía claridad sobre su objeto, por lo que ejerció la facultad prevista en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Transparencia y ordenó al reclamante subsanar o aclarar la solicitud en un plazo de cinco días hábiles, advirtiéndole que de no hacerlo se declararía inadmisible. Como la parte interesada no presentó escrito alguno dentro de ese plazo, el Consejo declaró inadmisible el reclamo, fundándose en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y en el artículo 46 de su Reglamento. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo, y se encomendó notificarla al reclamante y al alcalde de la municipalidad. En contra de esta decisión no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N° 19.880.
Normas citadas
Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un reclamo por transparencia activa no es claro y no se subsana?
En este caso, el Consejo para la Transparencia advirtió que no existía claridad sobre el objeto del reclamo y ordenó subsanarlo en cinco días hábiles, con la advertencia de que se declararía inadmisible si no se presentaba escrito alguno. Al no hacerlo, el Consejo declaró inadmisible el reclamo.
¿Se puede pedir reposición contra una declaración de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia señaló que en contra de la decisión de declarar inadmisible el reclamo no procede el recurso de reposición del artículo 59 de la Ley N° 19.880.
¿Qué plazo da el Consejo para la Transparencia para aclarar un reclamo sobre transparencia activa?
En este caso, el Consejo para la Transparencia ejerció la facultad del artículo 46 de su Reglamento y ordenó al reclamante subsanar o aclarar la solicitud en un plazo de cinco días hábiles, advirtiendo que de no hacerlo se declararía inadmisible.
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