El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado por un particular contra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un amparo presentado por un particular contra la Policía de Investigaciones de Chile, que buscaba acceder a información sobre las medidas disciplinarias aplicadas a funcionarios de esa institución, calificados en Listas 3 y 4, durante el periodo calificatorio 2019-2020. El Consejo rechazó el amparo. Concluyó que lo requerido no corresponde a los actos administrativos que consten las sanciones, sino a un listado que contiene ese dato, y que, por tanto, se configura la hipótesis del artículo 21 de la Ley N° 19.628 sobre el tratamiento posterior de datos personales. La decisión fue adoptada por unanimidad, citando precedentes propios, y se indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOrden y Seguridad Interior
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir por Ley de Transparencia el listado de funcionarios de la PDI sancionados con medidas disciplinarias en las Listas 3 y 4?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo. Concluyó que lo pedido era un listado con datos personales y no los actos administrativos que contienen las sanciones, por lo que aplicó el artículo 21 de la Ley 19.628 sobre tratamiento posterior de datos personales.
¿Qué diferencia hay entre pedir un acto administrativo de sanción y pedir un listado que contenga el dato de la sanción?
En este caso, el Consejo sostuvo que lo requerido no correspondía a los actos administrativos que constan las sanciones, sino a un listado que contiene ese dato. Esa distinción permitió aplicar la hipótesis de protección de datos personales del artículo 21 de la Ley 19.628.
¿Cuál es el plazo para reclamar de una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde la notificación de la resolución. La decisión se adoptó por unanimidad, citando precedentes propios.
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