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La Contraloría General de la República se abstuvo de tomar razón de la resolución N° 97…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de tomar razón de la resolución N° 971, de 2011, de la Dirección de Vialidad, que aprobaba un convenio de asesoría a la inspección fiscal del contrato de mejoramiento de la Ruta 257-CH (ex Ruta Y-79), sector Cerro Sombrero - Onaissin, en la Provincia de Tierra del Fuego. El órgano concluyó que el acto no modificaba el contenido de los servicios contratados ni las exigencias iniciales, sino que solo ajustaba cantidades de trabajos pactados a serie de precios unitarios, conforme a un dictamen previo. Por tanto, no correspondía someterlo a toma de razón según la resolución N° 1.600, de 2008, y se devolvió el acto, sin perjuicio de aplicar las normas de controles de reemplazo de esa misma resolución.

Normas citadas

  • res 1600/2008 contr Tit/VI
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Debe la Contraloría tomar razón de un acto administrativo que solo ajusta cantidades de trabajos ya pactados en un contrato de obra pública?

En este caso, la Contraloría se abstuvo de tomar razón de la resolución que aprobaba un convenio de asesoría a la inspección fiscal. Concluyó que el acto no modificaba los servicios ni las exigencias iniciales, sino que solo ajustaba cantidades de trabajos según una serie de precios unitarios, por lo que no correspondía someterlo a toma de razón.

¿Qué pasa con un acto de la Dirección de Vialidad que no está sujeto a toma de razón según la resolución 1.600 de 2008?

En este caso, el órgano devolvió el acto sin tomar razón, porque no estaba sujeto a ese trámite conforme a la resolución 1.600 de 2008. Dejó a salvo la aplicación de las normas de controles de reemplazo contenidas en esa misma resolución.

¿Cuándo un ajuste a un contrato de obra pública se considera una modificación que requiere control previo de la Contraloría?

En este caso, la Contraloría sostuvo que un ajuste que no altera el contenido de los servicios contratados ni las exigencias iniciales no constituye una modificación sujeta a control previo. Se trató de un ajuste de cantidades dentro de precios unitarios ya pactados, conforme a un dictamen previo.

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