El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por una ciudadana en cont…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por una ciudadana en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, por la negativa a entregar información sobre la continuidad de servicios de salud sexual y reproductiva, específicamente guías clínicas, protocolos o instructivos sobre la materia. El Consejo estimó que se trata de información de naturaleza pública y que el órgano no aportó antecedentes que satisficieran el requerimiento, sin alegar en la instancia pertinente la inexistencia de antecedentes adicionales. Se ordenó entregar la información, tarjando los datos personales y sensibles de contexto conforme al principio de divisibilidad y la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Si la información no obra en poder del órgano, deberá comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundando detalladamente las razones. El plazo para cumplir es de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede una persona pedir a un órgano del Estado guías clínicas o protocolos sobre servicios de salud sexual y reproductiva?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que esa información es de naturaleza pública y ordenó a la Subsecretaría de Salud Pública entregarla, tarjando los datos personales y sensibles de contexto.
¿Qué ocurre si un órgano público alega que no tiene la información que le piden por transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó que, si la información no obra en poder del órgano, éste debe comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundando detalladamente las razones. El órgano había omitido alegar en su momento la inexistencia de antecedentes adicionales.
¿Cuál es el plazo para que un órgano cumpla una decisión de amparo del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal para el órgano.
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