La Contraloría General de la República se pronunció sobre el incumplimiento de una enti…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el incumplimiento de una entidad edilicia respecto de los dictámenes N°s 21.496 y 74.211, ambos de 2013, que ordenaron pagar ciertos emolumentos a un funcionario. El municipio argumentó falta de disponibilidad presupuestaria y que el concejo municipal impugnó judicialmente dichos dictámenes. La Contraloría desestimó tales alegaciones, señalando que el alcalde debió solicitar al concejo la aprobación de la modificación presupuestaria conforme al artículo 65 de la ley N° 18.695, y que la existencia de acciones judiciales no suspende sus facultades fiscalizadoras. En consecuencia, ordenó al municipio adoptar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a los dictámenes, informando a la Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles.
Normas citadas
ley 18695 art/65 lt/a
pol art/98
ley 10336 art/1
ley 10336 art/9
ley 18695 art/51
ley 18695 art/52
ley 10336 art/6 inc/3
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio dejar de pagar lo ordenado por la Contraloría alegando que no tiene disponibilidad presupuestaria?
En este caso, la Contraloría desestimó esa alegación y señaló que el alcalde debió solicitar al concejo municipal la aprobación de la modificación presupuestaria conforme al artículo 65 de la ley N° 18.695. Ordenó al municipio adoptar las medidas necesarias para cumplir los dictámenes.
¿Afecta una impugnación judicial de un dictamen de la Contraloría la obligación de cumplirlo?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la existencia de acciones judiciales no suspende sus facultades fiscalizadoras. Por ello, el municipio debía dar cabal cumplimiento a los dictámenes pese a que el concejo los había impugnado judicialmente.
¿Qué debe hacer un municipio cuando la Contraloría ordena cumplir un dictamen que no ha sido acatado?
En este caso, la Contraloría ordenó al municipio adoptar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a los dictámenes. Además, debe informar a la Contraloría Regional en un plazo de 30 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
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