Resumen
El Tribunal Constitucional fue requerido por una sociedad anónima para declarar inaplicables, por inconstitucionales, las normas que permiten la capitalización mensual de intereses y restringen la procedencia del recurso de apelación en un procedimiento de cobranza previsional seguido en su contra por una administradora de fondos de pensiones. La requirente solicitó la suspensión del procedimiento, tanto en primera instancia como ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que la no concesión de esta medida haría inútil el requerimiento. El tribunal, al resolver, dio por acompañada la documentación que acredita la personería del abogado patrocinante, incluyendo la escritura pública que le confiere representación judicial, y tuvo presente la asunción del patrocinio y poder.