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El Primer Juzgado de Policía Local de Punta Arenas acogió una denuncia por infracción a…

Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PUNTA ARENAS · 2016

Resumen

El Primer Juzgado de Policía Local de Punta Arenas acogió una denuncia por infracción a la Ley de Protección al Consumidor contra una caja de compensación, por cobrar indebidamente cuotas de un crédito social ya cancelado. Se condenó a la empresa al pago de una multa de 5 UTM a beneficio fiscal, por incumplir los artículos 3° letra b) y 12 de la Ley N° 19.496. Sin embargo, se rechazó la acción civil de indemnización de perjuicios por daño moral, al no haberse aportado prueba suficiente para acreditar su existencia ni su cuantía. Además, se condenó en costas a la demandada y se ordenó remitir copia del fallo al Servicio Nacional del Consumidor.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 24
  • Ley 19.496, Art. 50 A
Sentencia DefinitivaInterés generalDenuncia infraccionalSERNAC se hizo parte

Preguntas frecuentes

¿Una caja de compensación puede cobrar cuotas de un crédito social que ya fue pagado y qué sanción conlleva?

En este caso, el Primer Juzgado de Policía Local de Punta Arenas acogió la denuncia por cobro indebido de cuotas de un crédito ya cancelado y condenó a la caja de compensación a pagar una multa de 5 UTM a beneficio fiscal, por infringir los artículos 3° letra b) y 12 de la Ley N° 19.496.

¿Procede indemnización por daño moral en un juicio por infracción a la Ley de Protección al Consumidor si no se prueba su existencia?

En este caso, el tribunal rechazó la acción civil de indemnización por daño moral porque no se aportó prueba suficiente para acreditar su existencia ni su cuantía, aunque sí sancionó la infracción con multa.

¿Qué ocurre con las costas y con el Servicio Nacional del Consumidor cuando se acoge una denuncia por cobro indebido?

En este caso, el juzgado condenó en costas a la empresa demandada y ordenó remitir copia del fallo al Servicio Nacional del Consumidor, para los efectos que correspondan.

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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.