Resumen
El Tribunal Constitucional de España desestimó un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de parlamentarios en contra de preceptos del Decreto-ley, que establecía medidas de protección para consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad económica durante la pandemia de Covid-19. Los recurrentes argumentaban que las normas impugnadas vulneraban el derecho de propiedad y la tutela judicial efectiva, al impedir que los jueces dictaran órdenes de desahucio y lanzamiento contra personas económicamente vulnerables que ocupaban viviendas sin título. El Tribunal Constitucional concluyó que las disposiciones no constituyen una regulación directa del derecho de propiedad ni afectan su contenido esencial, sino que otorgan un margen de apreciación al juzgador para ponderar las circunstancias de cada caso. Asimismo, determinó que la norma satisface la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, ya que la ejecutividad de las sentencias no es cuestionada, solo se dilata temporalmente conforme a la decisión judicial.