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La Contraloría General de la República acogió la legalidad del instructivo de la Superi…

Sentencia · 2025

Resumen

La Contraloría General de la República acogió la legalidad del instructivo de la Superintendencia de Educación que regula el reembolso de gastos de alimentación en cometidos funcionarios o comisiones de servicio sin derecho a viático. El instructivo circunscribe el reembolso a situaciones donde el encargo se efectúa dentro de ciertos horarios o cuando existe una distancia determinada entre el lugar del cometido y el lugar de desempeño habitual del funcionario. La Contraloría sostiene que esta determinación se enmarca dentro de las facultades de la Superintendencia, pues pondera circunstancias para determinar si los gastos de alimentación resultan indispensables para la ejecución del encargo. El dictamen se fundamenta en jurisprudencia administrativa previa que establece que la Administración debe solventar gastos solo cuando resulten indispensables, considerando principios de enriquecimiento sin causa y buen uso de recursos públicos. La Contraloría concluye que no existe reproche a la determinación adoptada por la Superintendencia de Educación.

Normas citadas

  • DFL 262/1977, artículo 1°
  • DFL 262/1977, artículo 3°, inciso 1°
viáticosreembolso de gastoscometido funcionariocomisión de serviciogastos de alimentaciónSuperintendencia de Educaciónatribuciones administrativasinstructivo

Preguntas frecuentes

¿Qué criterio aplica la Administración para pagar gastos de alimentación de un funcionario en comisión de servicio?

En este caso, la Contraloría reiteró su jurisprudencia de que la Administración debe solventar gastos solo cuando resulten indispensables para el cumplimiento del encargo. Para ello considera principios de enriquecimiento sin causa y buen uso de los recursos públicos.

¿Es reprochable que un servicio público fije condiciones de horario o distancia para reembolsar alimentación a sus funcionarios?

En este caso, la Contraloría concluyó que no existe reproche a la determinación adoptada por la Superintendencia de Educación que fija esas condiciones. Entendió que la medida se ajusta a sus facultades y a la exigencia de que el gasto sea indispensable para el encargo.

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