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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular contra l…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular contra la Municipalidad de El Quisco, por la negativa a entregar copia del expediente administrativo que sustenta un permiso de edificación. El Consejo consideró que se trataba de información esencialmente pública, conforme a la Ley de Transparencia y a la Ley General de Urbanismo y Construcción, y ordenó su entrega en el formato y por la vía solicitados. Asimismo, representó a la alcaldesa por haber aplicado el procedimiento de terceros del artículo 20 de la Ley de Transparencia, cuya aplicación resultaba impertinente dado el estatuto especial de publicidad de la información, y por haber entregado el número telefónico de un tercero interesado, lo que vulneró la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede un particular pedir copia del expediente administrativo de un permiso de edificación municipal?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó entregar el expediente que sustenta un permiso de edificación, por considerar que es información esencialmente pública conforme a la Ley de Transparencia y a la Ley General de Urbanismo y Construcción.

¿Cuándo es improcedente el procedimiento de terceros del artículo 20 de la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo estimó impertinente aplicar el procedimiento de terceros del artículo 20 para un expediente de permiso de edificación, dado el estatuto especial de publicidad de esa información, y representó a la alcaldesa por haberlo utilizado.

¿Qué pasa si un municipio entrega datos personales de un tercero al responder una solicitud de transparencia?

En este caso, el Consejo representó a la municipalidad por entregar el número telefónico de un tercero interesado, lo que vulneró la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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