La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de la División…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de la División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea de Chile de formalizar sus decisiones mediante actos administrativos, en el marco de un contrato de comodato. Se determinó que, conforme a la ley N° 19.880, las decisiones de la Administración deben expresarse a través de actos administrativos, como decretos o resoluciones, y que las facultades de la ley N° 18.712 no eximen de dicha obligación. En particular, la justificación para acudir al trato directo en un contrato debe constar en una resolución fundada, ya sea previa o en el mismo acto aprobatorio. Por ello, se requirió a la División regularizar la situación mediante la dictación del acto administrativo correspondiente e informar a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.
Normas citadas
ley 18575 art/9
ley 19880 art/3
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Las decisiones de un organismo público sobre contratos deben formalizarse mediante un acto administrativo?
Sí. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, conforme a la ley N° 19.880, las decisiones de la Administración deben expresarse mediante actos administrativos, como decretos o resoluciones, y que las facultades de la ley N° 18.712 no eximen de esa obligación.
¿Qué debe constar para recurrir al trato directo en un contrato administrativo?
En este caso, la Contraloría determinó que la justificación para acudir al trato directo debe constar en una resolución fundada, ya sea previa o dictada en el mismo acto aprobatorio del contrato.
¿Qué puede exigir la Contraloría cuando un organismo no formaliza sus decisiones contractuales mediante actos administrativos?
En este caso, se requirió a la División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea regularizar la situación mediante la dictación del acto administrativo correspondiente e informar a la Contraloría en un plazo de 15 días hábiles.
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