Resumen
La Contraloría General de la República representó las resoluciones N°s. 47 y 48, de 2011, de la División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea de Chile, que aprobaban las bases administrativas y sus anexos para la enajenación de inmuebles. El organismo cuestionó el cobro de $20.000 por la compra de las bases, por cuanto solo puede cobrarse el costo real de los materiales, sin traspasar a los oferentes gastos del proceso licitatorio. Observó además que la redacción del numeral I era confusa, pues tras admitir a todas las personas naturales o jurídicas restringía la participación a los corredores de propiedades, lo que vulnera la libre concurrencia del artículo 9° de la ley N° 18.575. También se advirtió que las rectificaciones a las bases constituyen modificaciones que deben sancionarse mediante acto administrativo totalmente tramitado, y que los tratos directos o propuestas privadas requieren resolución fundada. Por último, se señaló un defecto formal en el numeral VII, N° 3, que no especifica a qué numerales corresponden los puntos indicados.