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Se acoge el amparo presentado contra la Municipalidad de San Antonio, ordenando la entr…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022

Resumen

Se acoge el amparo presentado contra la Municipalidad de San Antonio, ordenando la entrega de información relativa al personal del departamento de inspección en terreno y otros antecedentes. El Consejo para la Transparencia estima que se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no consta su remisión ni se alegó alguna causal de reserva que justifique su denegación. En caso de que la información no obre en poder del órgano, este deberá comunicarlo al reclamante y al Consejo, indicando detalladamente las razones. La decisión apercibe con las sanciones previstas en la Ley de Transparencia ante el incumplimiento, y ordena acreditar la entrega efectiva de la información. Contra esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un órgano de la administración del Estado se niega a entregar información pública sin invocar una causal de reserva?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó la entrega de la información, por ser de naturaleza pública y no haberse alegado ninguna causal de reserva que justificara la denegación.

¿Qué debe hacer un órgano público si no tiene en su poder la información que le solicitan por transparencia?

Según esta resolución, el órgano debe comunicarlo al reclamante y al Consejo, indicando detalladamente las razones por las que la información no obra en su poder.

¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia procede el reclamo de ilegalidad y ante qué tribunal se presenta?

En este caso, el Consejo indicó que contra su resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, y que el incumplimiento puede acarrear las sanciones de la Ley de Transparencia.

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