Resumen
La Contraloría General de la República no tomó razón del decreto N° de la Universidad de Santiago de Chile, que aprueba las bases administrativas y técnicas de una licitación pública para contratar servicios de vigilancia en sus dependencias. El organismo observó que la garantía exigida no se ajusta a la Ley N° 19.886 ni al Reglamento de Compras Públicas (decreto N° 250, de 2004): el monto del resguardo debe fluctuar entre 5% y 30% del valor del contrato, de tres años de duración, y su vigencia debe extenderse al menos 60 días hábiles tras el término del servicio, sin posibilidad de sustitución salvo en garantías asociadas a hitos. También declaró improcedente que el contrato comience a regir en una fecha fijada, pues solo produce efectos una vez tramitado el acto que lo aprueba. Asimismo, reprochó la falta del plazo de evaluación de ofertas y del nombre del funcionario encargado de compras, y exigió dejar constancia de la no disponibilidad del servicio en convenios marco. Finalmente, ordenó corregir referencias internas a títulos de las bases.