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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la modalidad de compra ágil e…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la modalidad de compra ágil en la contratación pública. Señaló que esta modalidad, regulada en la ley N° 19.886 y su reglamento, permite a los organismos públicos contratar con empresas de menor tamaño o proveedores locales por montos iguales o inferiores a 100 U.T.M., previo requerimiento de al menos tres cotizaciones, todo a través del sistema electrónico de la Dirección de Compras y Contratación Pública. La Contraloría concluyó que es responsabilidad de cada entidad velar porque tanto el objeto de la contratación como la selección de cotizaciones se ajusten a la normativa. En caso de infracciones, la autoridad respectiva debe instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Normas citadas

  • Ley 21634
  • ley 19886 art/7 inc/1 lt/d num/1
  • ley 19886 art/56 inc/2
  • DTO 661/2024 hacie art/98 inc/1
  • ley 19886 art/12 bis inc/2
  • ley 19886 art/12 bis inc/fin
  • ley 19886 art/18 inc/1
  • DTO 661/2024 hacie art/111
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Preguntas frecuentes

¿Qué es la compra ágil en la contratación pública chilena y cuándo se puede usar?

En este dictamen, la Contraloría explica que la compra ágil, regulada en la ley N° 19.886 y su reglamento, permite contratar con empresas de menor tamaño o proveedores locales por montos iguales o inferiores a 100 U.T.M., previo requerimiento de al menos tres cotizaciones a través del sistema electrónico de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

¿Quién es responsable de que una compra ágil se ajuste a la normativa?

La Contraloría concluyó que es responsabilidad de cada entidad pública velar porque tanto el objeto de la contratación como la selección de cotizaciones se ajusten a la normativa aplicable.

¿Qué debe hacer una autoridad si detecta infracciones en una compra ágil?

Según este dictamen, la autoridad respectiva debe instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas por las infracciones detectadas.

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