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La Contraloría General de la República dictaminó que los organismos públicos deben fund…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2024

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que los organismos públicos deben fundamentar las razones por las cuales no les resulta posible utilizar, en los procesos licitatorios, las bases tipo aprobadas por la Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP). Se estableció que, en virtud de los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa, el uso de dichas bases tipo es obligatorio cuando estén vigentes y se ajusten a las características de los productos o servicios requeridos. Sin embargo, si las bases tipo no se adecúan a cambios normativos o a las necesidades específicas de la entidad compradora, no será exigible su uso, pero en tal caso el acto administrativo respectivo deberá detallar los motivos específicos y las circunstancias concretas que justifican esa decisión.

Normas citadas

  • Ley 19886 art/1 inc/1
  • ley 19886 art/10 inc/3
  • ley 19886 art/30 lt/a
  • ley 18575 art/3
  • ley 18575 art/5 inc/1
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Los organismos públicos están obligados a usar las bases tipo de la DCCP en sus licitaciones?

En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que el uso de las bases tipo aprobadas por la DCCP es obligatorio cuando estén vigentes y se ajusten a los productos o servicios requeridos, en virtud de los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa.

¿Qué debe hacer un organismo público si no puede usar las bases tipo en una licitación?

Según este dictamen, si las bases tipo no se adecúan a cambios normativos o a las necesidades específicas de la entidad, el organismo puede no usarlas, pero el acto administrativo debe detallar los motivos específicos y las circunstancias concretas que lo justifican.

¿Basta con no adecuarse a las necesidades para dejar de usar las bases tipo?

No necesariamente: la Contraloría sostuvo que la falta de adecuación a cambios normativos o a necesidades específicas permite no exigir su uso, pero solo si el acto administrativo fundamenta de forma detallada las razones concretas de esa decisión.

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