Sentencia del Tribunal Constitucional en el control preventivo de constitucionalidad de…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2000
Resumen
Sentencia del Tribunal Constitucional en el control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Tribunales. El Tribunal declaró la constitucionalidad de los artículos impugnados, descartando vulneraciones a la independencia judicial y a la inamovilidad de los jueces. Para ello, interpretó el artículo 74 de la Constitución sobre la ley orgánica constitucional de organización y atribuciones de los tribunales, acudiendo a una interpretación funcional de la Carta Fundamental. Se resolvió que la supresión de los juzgados del crimen no afecta la inamovilidad, pues subsiste el órgano persona (los jueces), y se devolvió el proyecto a la Cámara de Diputados.
Normas citadas
artículo 77, inciso primero
Tribunal ConstitucionalCPRLey Orgánica Constitucional de organización y atribuciones de los tribunalesjuzgados de garantiacomitesjuzgados de letrasCompetencia
Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional puede declarar constitucional una reforma al Código Orgánico de Tribunales que suprime juzgados del crimen?
En este caso, el Tribunal Constitucional, en control preventivo, declaró la constitucionalidad de los artículos impugnados. Sostuvo que la supresión de los juzgados del crimen no afecta la inamovilidad judicial, porque subsisten los jueces como órgano persona.
¿La supresión de un tribunal vulnera la inamovilidad de los jueces según la Constitución chilena?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que no, porque la inamovilidad se mantiene mientras subsistan los jueces. Para llegar a esa conclusión interpretó el artículo 74 de la Constitución con un criterio funcional.
¿Cómo interpreta el Tribunal Constitucional el artículo 74 de la Constitución sobre la ley orgánica de tribunales?
En este caso, el Tribunal Constitucional acudió a una interpretación funcional de la Carta Fundamental para entender el artículo 74, que regula la ley orgánica constitucional de organización y atribuciones de los tribunales. Con ese criterio descartó vulneraciones a la independencia judicial.
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