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El Tribunal Constitucional, en ejercicio del control preventivo de constitucionalidad,…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 1989

Resumen

El Tribunal Constitucional, en ejercicio del control preventivo de constitucionalidad, examinó el proyecto de ley que adecúa el Poder Judicial a la regionalización del país y fija los territorios jurisdiccionales de los tribunales. Se discutió si la facultad del Presidente de la República para determinar el territorio jurisdiccional de los jueces del crimen de Santiago, válida bajo la Constitución de 1925, podía mantenerse con la Carta de 1980, que creó las leyes orgánicas constitucionales y pasó a un sistema de dominio legal máximo. El Tribunal resolvió que el nuevo sistema normativo es incompatible con dicha norma, declarando la inconstitucionalidad de algunos preceptos del proyecto. Un ministro disidente sostuvo que también debía declararse la inconstitucionalidad de otras disposiciones relativas a receptores, procuradores y la desempeño de cargos de secretario, receptor y notario por una misma persona. El proyecto fue devuelto a la Junta de Gobierno y, tras su publicación en el Diario Oficial, se convirtió en la Ley N° 18.776.

Normas citadas

  • artículo 77, inciso primero
Tribunal ConstitucionalCPRPoder JudicialLey Orgánica Constitucional de organización y atribuciones de los tribunales

Preguntas frecuentes

¿Puede el Presidente de la República determinar por decreto el territorio jurisdiccional de los jueces del crimen bajo la Constitución de 1980?

En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que no, porque la facultad presidencial de fijar ese territorio, válida bajo la Constitución de 1925, es incompatible con el sistema de dominio legal máximo y de leyes orgánicas constitucionales establecido por la Carta de 1980, declarando inconstitucionales algunos preceptos del proyecto.

¿Qué efecto tiene la Constitución de 1980 sobre normas dictadas bajo la Constitución de 1925 que regulaban materias de organización judicial?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el nuevo sistema normativo de la Carta de 1980 es incompatible con la norma de 1925 que otorgaba al Presidente la facultad de determinar el territorio jurisdiccional de los jueces del crimen de Santiago, por lo que esa facultad no podía mantenerse.

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