El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información presentado contra la Municipalidad de Curicó, tras constatar que el municipio no respondió dentro del plazo legal una solicitud de copias de contratos docentes. El Consejo ordenó al municipio entregar la información solicitada, resguardando previamente los datos personales de identidad, nacionalidad, estado civil, domicilios y teléfonos particulares, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia. Además, representó al alcalde la infracción al artículo 14 y al principio de oportunidad del artículo 11 letra h) de la misma ley, por no haber respondido en el plazo legal, con el fin de que se adopten medidas para evitar que tales infracciones se reiteren. La decisión es reclamable ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de quince días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros; Educación
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un municipio no responde dentro del plazo legal una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó al municipio entregar la información solicitada, y además representó al alcalde la infracción por no haber respondido en el plazo legal, para que adopte medidas y evite su reiteración.
¿Se pueden entregar copias de contratos docentes sin proteger los datos personales de los docentes?
En este caso, el Consejo ordenó entregar las copias de los contratos resguardando previamente los datos personales de identidad, nacionalidad, estado civil, domicilios y teléfonos particulares de los docentes.
¿En qué plazo debe el municipio entregar la información ordenada por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó al municipio entregar la información en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
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