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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligatoriedad de acredita…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligatoriedad de acreditación de las carreras y programas de pedagogía en la educación superior. Conforme a la ley N° 20.129, dicha acreditación es obligatoria para esas carreras, pero la única sanción prevista por su incumplimiento es la imposibilidad de acceder a recursos otorgados directamente por el Estado o con su garantía para financiar los estudios de nuevos alumnos. En virtud del principio de legalidad, el Ministerio de Educación y demás organismos públicos carecen de facultades para adoptar otras medidas o compeler a las instituciones a acreditarse, por lo que se resuelve que no procede otra consecuencia ante la falta de acreditación.

Normas citadas

  • ley 20129 art/27 inc/1
  • ley 20129 art/1 lt/d
  • ley 20129 art/26 inc/1
  • ley 20129 art/26 inc/3
  • ley 20129 art/27 inc/3
  • ley 20027 art/7 num/5
  • pol art/7
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Es obligatoria la acreditación de las carreras de pedagogía en Chile y qué pasa si una institución no se acredita?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la acreditación es obligatoria para las carreras de pedagogía conforme a la ley N° 20.129. Sin embargo, la única sanción prevista por su incumplimiento es no poder acceder a recursos estatales o con garantía del Estado para financiar a nuevos alumnos.

¿Puede el Ministerio de Educación obligar a una universidad a acreditar sus carreras de pedagogía?

En este caso, la Contraloría resolvió que no. En virtud del principio de legalidad, el Ministerio de Educación y demás organismos públicos carecen de facultades para adoptar otras medidas o compeler a las instituciones a acreditarse.

¿Qué consecuencia jurídica procede ante la falta de acreditación de una carrera de pedagogía?

En este caso, la Contraloría concluyó que no procede otra consecuencia distinta a la prevista en la ley. Así, la falta de acreditación solo impide acceder a financiamiento estatal o garantizado por el Estado para nuevos estudiantes.

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