El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad pres…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra el artículo 8°, letra a), de la Ley N° 18.216. La decisión se fundó en que la gestión judicial pendiente invocada por el requirente, consistente en un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco, ya había concluido con una sentencia ejecutoriada que confirmó el fallo de primera instancia. Conforme a la jurisprudencia constitucional, la acción de inaplicabilidad requiere una gestión en actual tramitación para que una eventual declaración surta efectos concretos. Al no existir dicha gestión, se declaró derechamente inadmisible el requerimiento, sin examinar sus requisitos de admisión a trámite.
Normas citadas
Artículo 93, incisos primero, N° 6°, y decimoprimero de la Constitución Política
Artículo 84, N° 3 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
¿Procede la acción de inaplicabilidad si la gestión judicial pendiente ya terminó con sentencia ejecutoriada?
No. En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento porque la gestión invocada, un recurso de apelación, ya había concluido con una sentencia ejecutoriada que confirmó el fallo de primera instancia. Como no había una gestión en actual tramitación, la declaración no podría producir efectos concretos.
¿Qué se requiere para que el Tribunal Constitucional acoja un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
Según este fallo, la acción exige una gestión judicial en actual tramitación, para que una eventual declaración de inaplicabilidad surta efectos concretos. Sin esa gestión vigente, el requerimiento se declara inadmisible sin examinar sus requisitos de admisión a trámite.
¿El Tribunal Constitucional revisa el fondo de un requerimiento de inaplicabilidad si no hay gestión pendiente?
No. En este caso, el Tribunal declaró derechamente inadmisible el requerimiento y no examinó sus requisitos de admisión a trámite ni el fondo de la impugnación contra el artículo 8°, letra a), de la Ley N° 18.216, porque la gestión judicial ya se encontraba concluida.
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