Resumen del criterio jurisprudencial
Se interpuso un recurso de protección contra una entidad pública por no resolver una solicitud en un plazo razonable, alegando discriminación arbitraria. La Corte de Apelaciones acogió el recurso. La recurrida apeló ante la Corte Suprema. La Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, acogiendo la acción de protección. El Ministro Ruz votó en contra, sosteniendo que no existía indicio de discriminación ni abuso, y que el tiempo de tramitación no vulneraba la garantía del plazo razonable del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La mayoría consideró que la demora fue arbitraria e ilegal.