La Corte Suprema conoció de un recurso de apelación contra una sentencia que había rech…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció de un recurso de apelación contra una sentencia que había rechazado una acción de protección presentada por una persona que estimó ilegal y arbitraria la decisión de un servicio público de tenerla por desistida de su solicitud migratoria, por no acompañar dentro de plazo la totalidad de los antecedentes exigidos, lo que impedía continuar su tramitación. El recurrente sostuvo que ello vulneraba la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 de la Constitución. La Corte, tras examinar los antecedentes, concluyó que la resolución se ajustaba a la normativa aplicable, en particular al artículo 31 de la Ley N°19.880, y que se fundaba en criterios generales, sin que se advirtiera un trato discriminatorio o desigual ni un acto ilegal o arbitrario atribuible al servicio recurrido. En consecuencia, confirmó la sentencia apelada y rechazó la acción de protección.
Normas citadas
Art. 19 N°2 Constitución Política de la República
Art. 31 Ley N°19.880
Art. 20 Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Corte Suprema sobre acción de protección
¿Se puede presentar una acción de protección contra un servicio público por tener por desistida una solicitud migratoria?
En este caso, la Corte Suprema confirmó el rechazo de la acción de protección, al concluir que la decisión del servicio se ajustaba a la normativa aplicable y no constituía un acto ilegal o arbitrario.
¿Vulnera la garantía de igualdad ante la ley que un servicio público exija acompañar todos los antecedentes dentro de plazo para continuar un trámite?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que no se advirtió un trato discriminatorio o desigual, pues la resolución se fundaba en criterios generales y se ajustaba al artículo 31 de la Ley N°19.880.
¿Qué debe analizar la Corte Suprema al revisar una acción de protección por una resolución administrativa que pone término a un procedimiento?
En este caso, la Corte Suprema examinó los antecedentes y concluyó que la resolución se ajustaba a la normativa aplicable y se fundaba en criterios generales, sin acto ilegal o arbitrario, por lo que confirmó la sentencia apelada.
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