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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por un ciudadano peruano en contra de la resolución del Servicio Nacional de Migraciones que ordenaba su expulsión del país. El recurrente, quien padece discapacidad auditiva y es portador de VIH, argumentó que la medida era ilegal, arbitraria y desproporcionada, pues requería tratamiento médico continuo en Chile. La infracción que se le imputaba era residir con permiso vencido desde junio de 2023. La Corte confirmó que la resolución fue dictada por autoridad competente, dentro de sus atribuciones, con fundamento suficiente y respeto del derecho a defensa, ponderando las circunstancias del artículo 129 de la Ley N°21.325. Estimó que la infracción constituye un caso previsto por el legislador, sin que se advierta ilegalidad que justifique dejar sin efecto el acto administrativo.

Normas citadas

  • Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, artículos 141 y siguientes
  • Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, artículo 129
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Preguntas frecuentes

¿Puede expulsarse a un extranjero con permiso de residencia vencido si tiene una condición de salud que requiere tratamiento en Chile?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo y confirmó la expulsión por residir con permiso vencido. Estimó que la resolución fue dictada por autoridad competente, con fundamento suficiente y ponderando las circunstancias del artículo 129 de la Ley N°21.325.

¿Cuándo es ilegal una resolución de expulsión dictada por el Servicio Nacional de Migraciones?

En este caso, la Corte concluyó que no hay ilegalidad si la autoridad actuó dentro de sus atribuciones, respetó el derecho a defensa y la infracción está prevista por el legislador. Por ello no dejó sin efecto la resolución que ordenaba la expulsión.

¿Qué debe ponderar la autoridad migratoria antes de ordenar la expulsión de un extranjero?

En este caso, la Corte señaló que la autoridad debe ponderar las circunstancias del artículo 129 de la Ley N°21.325 y verificó que así se hizo. Aun así, desestimó que la medida fuera desproporcionada pese a la discapacidad y a la necesidad de tratamiento médico alegadas.

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