La Corte de Apelaciones revisó un reclamo de ilegalidad presentado por un particular co…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones revisó un reclamo de ilegalidad presentado por un particular contra una resolución de expulsión dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, fundamentada en la residencia con permiso vencido. El tribunal determinó que la Administración aplicó válidamente la causal de expulsión contemplada en la ley, considerando el tiempo transcurrido desde el vencimiento del permiso y la falta de solicitud de renovación. Se estableció que el control de legalidad no permite sustituir el criterio administrativo si este se ajusta al marco legal, lo cual fue el caso. Por lo tanto, la Corte rechazó el reclamo, confirmando la legalidad del acto administrativo.
Normas citadas
Ley N° 21.325
Resolución Exenta N° 25728
Oficio ordinario N° 27314
Artículo 129 de la Ley N° 21.325
Artículo 119 de la Ley N° 21.325
Resolución Exenta N° 22239815
Resolución Exenta N° 22
Artículo 136 de la Ley 21.325
expulsión administrativaLey 21.325 de Migración y Extranjeríapermiso de residencia vencidoartículo 128 N°4artículo 119artículo 129 circunstancias de ponderacióncontrol de legalidaddiscrecionalidad administrativa
Preguntas frecuentes
¿Es legal que el Servicio Nacional de Migraciones expulse a alguien por tener un permiso de residencia vencido?
La Corte de Apelaciones determinó que la Administración aplicó válidamente la causal de expulsión contemplada en la ley. Esto se basó en el tiempo transcurrido desde el vencimiento del permiso y la falta de solicitud de renovación.
¿Qué significa que el control de legalidad no puede sustituir el criterio administrativo en este tipo de casos?
Se estableció que el control de legalidad no permite reemplazar el criterio administrativo si este se ajusta al marco legal. En este caso, el acto administrativo fue considerado legal.
¿Qué ocurrió con el reclamo de ilegalidad presentado contra la resolución de expulsión?
La Corte de Apelaciones rechazó el reclamo presentado por el particular. Por lo tanto, se confirmó la legalidad del acto administrativo dictado por el Servicio Nacional de Migraciones.
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