La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de fotocopias solici…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de fotocopias solicitadas al amparo de la Ley de Transparencia (N° 20.285). Resolvió que el cobro por la entrega de información debe limitarse al costo directo de reproducción, sin que pueda equipararse a los derechos municipales regulados en el decreto ley N° 3.063, de 1979, por tener una naturaleza diversa. En el caso concreto, un municipio había exigido derechos municipales por las copias, lo que no se ajusta a derecho. Tampoco procede entregar la información gratuitamente cuando es solicitada por particulares. Por ello, ordenó al municipio regularizar el procedimiento de cobro y modificar la ordenanza local respectiva, debiendo informar a la Sede Regional del Bío-Bío en un plazo de 15 días hábiles.
Normas citadas
ley 20285 art/primero art/10
ley 20285 art/primero art/18 inc/1
dto 47/92 VIVIE art/1/1/7
ley 20285 art/primero art/18 inc/2
dl 3063/79 art/40
dl 3063/79 art/41 num/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio cobrar derechos municipales por las fotocopias entregadas en respuesta a una solicitud de transparencia?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no, porque el cobro por la entrega de información debe limitarse al costo directo de reproducción y no puede equipararse a los derechos municipales del decreto ley N° 3.063, por tener una naturaleza diversa.
¿Debe entregarse gratuitamente la información pública solicitada por particulares según la Ley de Transparencia?
En este caso, la Contraloría sostuvo que tampoco procede la entrega gratuita cuando la información es solicitada por particulares, por lo que se debe cobrar el costo directo de reproducción.
¿Qué debe hacer un municipio que cobró indebidamente derechos por copias de documentos solicitados por transparencia?
En este caso, la Contraloría ordenó al municipio regularizar el procedimiento de cobro y modificar la ordenanza local respectiva, debiendo informar a la Sede Regional del Bío-Bío en un plazo de 15 días hábiles.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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