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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación interpuesto por u…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación interpuesto por una sociedad educacional contra la Resolución Exenta de la Superintendencia de Educación que confirmó una multa de 501 UTM por incumplir la normativa sobre arriendo de infraestructura educacional. El establecimiento sostenía que los contratos de arriendo cumplían con el plazo mínimo de 5 años exigido, pero la Corte determinó que las prórrogas no alcanzaban dicho plazo, pues cada renovación debe ser por un período mínimo de 5 años. También desestimó la alegación de caducidad del procedimiento, ya que el plazo de dos años se computa desde el inicio del procedimiento y no desde el acta de fiscalización. Asimismo, rechazó la falta de consideración de atenuantes y las demás alegaciones, confirmando la sanción y ordenando el archivo del expediente, sin costas.

Normas citadas

  • Ley N° 20.529
  • Decreto Supremo N° 315
  • Resolución Exenta N° 2022
  • Artículo 86 de la Ley N° 20.529
  • Artículo 85 de la Ley N° 20.529
  • Artículo 73 de la Ley N° 20.529
  • Resolución Exenta N° 1313
  • Resolución Exenta N° 313, de 2023
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Preguntas frecuentes

¿Qué plazo mínimo deben cumplir los contratos de arriendo de infraestructura educacional y se cumple con prórrogas más cortas?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el plazo mínimo de 5 años exigido por la ley no se cumple con prórrogas, porque cada renovación también debe ser por un período mínimo de 5 años.

¿Desde cuándo se computa el plazo de caducidad de un procedimiento sancionatorio de la Superintendencia de Educación?

La Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que el plazo de dos años se cuenta desde el inicio del procedimiento y no desde el acta de fiscalización, por lo que desestimó la alegación de caducidad.

¿Puede una multa de la Superintendencia de Educación por incumplir la normativa de arriendo de infraestructura ser anulada por la Corte de Apelaciones?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación y confirmó la multa de 501 UTM impuesta por la Superintendencia, ordenando el archivo del expediente sin costas.

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