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El Primer Juzgado de Policía Local de Talcahuano acogió una denuncia infraccional prese…

Sentencia · 1ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TALCAHUANO · 2016

Resumen

El Primer Juzgado de Policía Local de Talcahuano acogió una denuncia infraccional presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) contra una farmacia por cobrar precios superiores a los exhibidos en envases y listados, lo que vulnera la Ley de Protección al Consumidor. El tribunal desestimó la defensa del proveedor y estableció que infringió su obligación de entregar información veraz y oportuna sobre los precios, conforme a los artículos 3 letra b) y 18 de la Ley 19.496, aunque descartó la infracción al artículo 23. En consecuencia, condenó a la empresa al pago de una multa a beneficio fiscal equivalente a veinte unidades tributarias mensuales, con reclusión nocturna como apremio en caso de impago, y ordenó dar cumplimiento al artículo 58 bis de la ley citada.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra b
  • Ley 19.496, Art. 18
  • Ley 19.496, Art. 23
  • Ley 19.496, Art. 1
  • Ley 19.496, Art. 24
  • Ley 19.496, Art. 50
Sentencia DefinitivaInterés generalDenuncia infraccionalSERNAC se hizo parte

Preguntas frecuentes

¿Constituye infracción a la Ley del Consumidor cobrar un precio mayor al exhibido en envases o listados de una farmacia?

En este caso, el Primer Juzgado de Policía Local de Talcahuano acogió la denuncia del SERNAC y sostuvo que la farmacia infringió su obligación de entregar información veraz y oportuna sobre precios, conforme a los artículos 3 letra b) y 18 de la Ley 19.496.

¿Qué sanción puede imponerse a un proveedor que informa precios distintos a los que cobra al consumidor?

En este caso, el tribunal condenó a la farmacia al pago de una multa a beneficio fiscal equivalente a veinte unidades tributarias mensuales, con reclusión nocturna como apremio en caso de impago.

¿Puede un proveedor evitar responsabilidad por diferencias de precio alegando que se trató de un error o de una defensa sin prueba suficiente?

En este caso, el tribunal desestimó la defensa del proveedor y aplicó sanción, aunque descartó la infracción al artículo 23 de la misma ley, por lo que la responsabilidad se fundó en la falta de información veraz sobre precios.

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