Resumen
La Contraloría General de la República informó al recurso de protección interpuesto contra la toma de razón del decreto N° 22, de 2009, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el reglamento del Registro Nacional de Instaladores, M.C.A.. El organismo sostuvo que el recurso debía desestimarse, pues no existía acción u omisión ilegal o arbitraria ni afectación de derechos constitucionales. Respecto del derecho de propiedad, indicó que el recurso de protección exige derechos indubitados, lo que no se cumplía, ya que los recurrentes no individualizaron los contratos supuestamente afectados ni se acreditó cómo la toma de razón los amagaba. Añadió que el acto administrativo sólo busca ejecutar la ley N° 20.296, y que el control de legalidad de la toma de razón resguarda la conformidad de los actos de la Administración con dicha ley. Por ello, solicitó que la Corte de Apelaciones desestimara el recurso en todas sus partes.