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La Contraloría General de la República informó a la Corte de Apelaciones de Santiago en…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República informó a la Corte de Apelaciones de Santiago en un recurso de protección que impugna la toma de razón de un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprueba el reglamento del registro de instaladores y mantenedores de ascensores. El organismo sostuvo que el recurso debía desestimarse por tratarse de materia de lato conocimiento y por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria. Respecto del derecho de propiedad, señaló que el recurso de protección exige derechos indubitados, lo que no se cumplía, pues la recurrente invocaba derechos personales derivados de contratos con clientes que no individualizó ni acreditó, y que el reglamento solo ejecuta la ley N° 20.296. Agregó que la garantía constitucional protege únicamente el legítimo ejercicio del derecho, y que la toma de razón tiene por objeto verificar la conformidad del acto con la ley. Por ello solicitó desestimar el recurso en todas sus partes.

Normas citadas

  • dto 22/2009 vivie
  • pol art/19 num/21 inc/1
  • pol art/19 num/22 pol art/19 num/24
  • pol art/20
  • pol art/32 num/6
  • ley 20296 art/1 ley 10336 art/1
  • ley 10336 art/10
  • pol art/53 num/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede el recurso de protección contra la toma de razón de un decreto reglamentario que regula el registro de instaladores de ascensores?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el recurso debía desestimarse porque la materia es de lato conocimiento y no existe una acción u omisión ilegal o arbitraria en la toma de razón del decreto.

¿Se puede invocar la protección del derecho de propiedad por contratos con clientes si estos no están individualizados ni acreditados?

En este caso, la Contraloría señaló que el recurso de protección exige derechos indubitados, y que la recurrente solo invocaba derechos personales derivados de contratos no individualizados ni acreditados, por lo que no se cumplía ese requisito.

¿Qué verifica la Contraloría al tomar razón de un decreto reglamentario?

Según sostuvo en este caso, la toma de razón tiene por objeto verificar la conformidad del acto con la ley, y el reglamento impugnado solo ejecuta la ley N° 20.296.

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