Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 567, de 2010, del Ministerio del Interior, que ratifica medidas adoptadas por autoridades del Ministerio de Educación tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. El organismo consideró el acto ajustado a derecho, pero con alcances: las instrucciones de los numerales 3.2 y 3.3 de su artículo primero deben interpretarse conforme a la ley N° 20.452, que establece normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales. Respecto del numeral 4, sobre el uso de la subvención, precisó que solo puede destinarse al mantenimiento y reparación de establecimientos subvencionados dependientes del respectivo sostenedor, aspecto que el decreto omitía. Además, advirtió que los oficios del Subsecretario de Educación que el decreto declara parte integrante como anexos no se encuentran incorporados en su texto.