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La Corte de Apelaciones de Talca acogió parcialmente un recurso de protección interpues…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023

Resumen

La Corte de Apelaciones de Talca acogió parcialmente un recurso de protección interpuesto por una ciudadana venezolana contra el Servicio Nacional de Migraciones, por no acoger a trámite su solicitud de reconocimiento de condición de refugiada. La recurrente denunció que un funcionario rechazó verbalmente su petición en dos ocasiones, sin seguir el procedimiento administrativo establecido. La Corte consideró que dicha actuación fue ilegal y arbitraria, vulnerando la garantía constitucional de igualdad ante la ley, especialmente tratándose de una persona migrante, grupo vulnerable según tratados internacionales. En consecuencia, ordenó al Servicio Nacional de Migraciones iniciar un procedimiento administrativo formal para evaluar la solicitud de refugio, sin prejuzgar la decisión de fondo.

Normas citadas

  • Artículo 19 N°1 Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°2 Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°3 Constitución Política de la República
  • Tratados Internacionales de Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes

¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones rechazar verbalmente una solicitud de reconocimiento de condición de refugiado sin tramitarla?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Talca consideró ilegal y arbitraria la actuación de un funcionario que rechazó verbalmente la solicitud en dos ocasiones sin seguir el procedimiento administrativo establecido. Por ello, acogió parcialmente el recurso de protección.

¿Qué puede ordenar una Corte de Apelaciones en un recurso de protección si una solicitud de refugio no fue tramitada?

En este caso, la Corte ordenó al Servicio Nacional de Migraciones iniciar un procedimiento administrativo formal para evaluar la solicitud de refugio. Aclaró que la orden no prejuzga la decisión de fondo.

¿Vulnera la garantía de igualdad ante la ley no tramitar la solicitud de refugio de una persona migrante?

En este caso, la Corte estimó que la actuación vulneró la garantía constitucional de igualdad ante la ley, especialmente por tratarse de una persona migrante, grupo que los tratados internacionales consideran vulnerable.

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